jueves, 24 de enero de 2019

Quieren ponerle puertas al campo



Taxistas de Barcelona taponando las calles


HUELGA CONTRA LOS CLIENTES


La libertad es «uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos», dice el Quijote, pero a pesar de ello sigue habiendo mucho Sancho Panza que le tiene miedo. En el mercado moderno, la libertad se llama competencia y comporta un riesgo del que los pancistas desconfían porque se sienten en inferioridad para medirse a campo abierto. El conflicto del taxi tiene que ver con ese recelo que atrapa a algunos sectores económicos acomodados en paradigmas de otro tiempo, en un proteccionismo regulador que los amparaba frente a la irrupción de factores inciertos. Con la particularidad de que se trata de un colectivo con gran capacidad de presión y fuerte conciencia de su poder de bloqueo. La prensa de papel o el comercio, por citar sólo unos ejemplos, sufren semejantes dificultades de adaptación a los nuevos modelos pero ni editores ni tenderos levantan barricadas para exigir el cierre de los periódicos digitales o de las grandes cadenas de establecimientos, como tampoco las antiguas compañías de bandera piden la limitación del low cost aéreo. Compiten como pueden modificando métodos, costes, servicios o precios.


Taxistas bloqueando el Paseo de la Castellana en Madrid

Una huelga contra los clientes es un disparate que los taxistas, en su desesperada huida hacia adelante, incrementan con una demostración de fuerza (bruta) en el secuestro de la calle. Esa conducta agresiva les enajena el favor de la opinión pública, los vuelve impopulares y le pone sordina a lo que tenga de justa su razón de parte. Quizá los más radicales confíen en que pueden intimidar a las autoridades, siempre temerosas ante situaciones de chantaje grupal en vísperas electorales. Y tienen motivos para pensarlo ante la forma clamorosa en que el Gabinete de Sánchez se inhibe de sus responsabilidades, incapaz de plantarse ante el discurso populista contra el malvado liberalismo de las multinacionales. El apocamiento gubernamental constituye una dejación de funciones flagrante porque se trata de un problema de ámbito nacional que no puede dejarse al albur del criterio variable de los gobiernos de las autonomías o de las ciudades. Y porque será el Estado el que tenga que hacer frente a las más que probables indemnizaciones que se deriven de la modificación unilateral de los marcos legales.


Un portavoz de los taxistas llamó guerra a esta huelga salvaje


Esa inacción va a desembocar en un atentado contra la libertad de empresa, en un monopolio de facto y en un caos normativo descabellado en el que cada comunidad o ayuntamiento establezca sus propios patrones reglamentarios. La laminación de las VTC, por la vía de la restricción de horarios o por cualquier otra fórmula, envía además un nocivo mensaje a los ciudadanos: el de que la coacción violenta sirven para expulsar a un competidor del mercado. La democracia de los consumidores saldrá malparada de estos días ingratos si triunfa la idea de que la algarada y el colapso son herramientas eficaces de resistencia al cambio.

(Artículo de opinión escrito por Ignacio Camacho y publicado por el periódico “ABC” el jueves 24 de enero de 2019)


Ignacio Camacho
(Marchena, Sevilla, 1957)
Periodista

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